García Ortiz y el Gobierno ligan su suerte: no habrá dimisión porque niegan que haya causa punible

En estos meses el respaldo por parte de Sánchez y sus ministros al fiscal general ha sido inequívoco –con el argumento político de que éste resultaba perseguido solo por contrarrestar «el bulo» de que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador cuando era al revés– y el propio imputado había descartado renunciar porque eso sería tanto como asumir la culpa que él y el Ejecutivo rechazan. Pero quedaba por despejar la incógnita de cuál sería la reacción si el procesamiento se consumaba, toda que vez que enfila nada menos que al jefe de los acusadores públicos del Estado al banquillo de los acusados por una actuación supuestamente delictiva; y con una parte notable de la carrera exigiendo que se aparte para no comprometer la entereza de la institución que aún dirige. El concernido, al que la noticia cogió en un acto público precisamente con Bolaños, lo dictaminó poco después de que se hiciera público el auto de Hurtado: no se va a ir.

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A través de una comunicación de la Fiscalía General, su máximo responsable reiteró su «compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma», al tiempo que reiteraba su «inocencia». Y casi en paralelo, Moncloa no se movía un ápice de donde estaba pese al salto cualitativo experimentado por la causa que concierne a García Ortiz, «esperado» en todo caso según las fuentes consultadas. Ello en una mañana en la que, además, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma tildaba de «fraude de ley» el aforamiento exprés del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo,    en otro procesamiento: el que atañe al hermano de Sánchez y él mismo por posible enchufismo en la Diputación de Badajoz.

Desde que estalló el caso, el Gobierno ha ido desplegando una estrategia cada vez más crítica con los jueces que instruyen las distintas causas que conciernen al entorno familiar, partidario e institucional del presidente, reprobación que distintos ministros han hecho extensiva a las diligencias de Hurtado sobre el fiscal general. «El Gobierno, entre los fiscales y un defraudador confeso, está con los fiscales que persiguen el delito», incidió ayer Bolaños, citando el 'mail' que está en la base de la imputación por revelación de secretos.

El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes    consideró «perfectamente sostenible» que García Ortiz –un «servidor público ejemplar»– se mantenga en su puesto porque el Estado de derecho español garantiza «la presunción de inocencia» y, al final, «la verdad» prevalecerá. Una «verdad» que incluye que el Gobierno no tuvo nada que ver, pese a lo que infiere el juez, con la filtración sobre el novio de Ayuso. «Eso no sucedió nunca», aseveró Bolaños, tras lamentar que el magistrado efectúe «una afirmación tan grave sin base probatoria» a sus ojos.

Más lejos fue, con todo, el titular de Transportes, Óscar Puente, a través de uno de sus frecuentes mensajes en X. Tras horas cuestionando la afluencia a la concentración convocada por el PP contra Sánchez el domingo en Madrid, Puente señaló a la Magistratura como «la oposición real de este país», que «tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo».