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El nuevo modelo de protección de menores que la Comunidad va a impulsar en la Región de Murcia en los próximos años, dentro de la ... estrategia de desinstitucionalización de los servicios sociales, contará, según prevé la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, con un refuerzo presupuestario de más de 27 millones de euros de fondos propios entre 2026 y 2028 para la mejora de la calidad asistencial en los centros con el fin de acercarlos más al funcionamiento de un hogar. Así lo recoge el nuevo Plan de Regional de Servicios Sociales aprobado el pasado 22 de mayo en el Consejo de Gobierno y que dibuja la hoja de ruta del Ejecutivo regional en materia de atención social.
El documento, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), detalla las principales medidas, recursos y acciones previstas por el Gobierno regional de cara a los próximos años para la consecución de los objetivos marcados en política social y cuáles de ellos contarán con un incremento presupuestario.
99,2 millones hasta 2028 contempla el plan para los servicios sociales dirigidos a familias y menores de edad.
54,4 millones de esa línea corresponden a medidas que implican incremento presupuestario.
Entre los refuerzos económicos previstos en el plan, destaca la línea estratégica que aborda la inversión en los «los servicios dirigidos a familias y los menores de edad», para los que prevé una inversión total de casi 99,3 millones de euros hasta el año 2028, lo que supone una subida de 54,4 millones de fondos propios respecto a las partidas actuales.
De ese incremento presupuestario, más de la mitad irá destinado, según señala el documento, a la «mejora de los recursos de acogimiento residencial para asimilarlos en sus infraestructuras, diseño y organización a un hogar, así como centrarlos en las necesidades de las personas acogidas», un objetivo en el que la Consejería de Política Social planea invertir más de 9 millones anuales en 2026, 2027 y 2028.
Fuentes de este departamento explican que estos fondos se dedican a la financiación de los conciertos y adaptar el funcionamiento para brindar una «atención más personalizada», como establece el nuevo modelo, mientras que la inversión estructural en instalaciones para implantarlo procederá de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El nuevo modelo de protección implica menos menores en cada centro, lo que exige instalaciones más pequeñas o dividir en varios módulos independientes las preexistentes para configurar comunidades diferenciadas que cumplan con los nuevos requisitos.
Cabe recordar que este nuevo modelo es el argumento esgrimido por el Ejecutivo regional para el cierre del centro Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, que acoge a unos 60 niños y adolescentes, siguiendo la exigencia de Vox rubricada por el PP en el acuerdo para desbloquear los Presupuestos regionales.
Otra de las actuaciones destacables que recoge el documento dentro de esta línea estratégica destinada a la calidad en la atención a la infancia es el refuerzo de los recursos destinados a la preparación para la vida independiente de los jóvenes que han estado sujetos a medidas de protección. El objetivo es que, una vez que cumplan la mayoría de edad, puedan valerse por sí mismos. Diversas organizaciones del tercer sector vienen advirtiendo en los últimos años del incremento de extutelados que reclaman servicios para personas sin hogar. A paliar esta situación, el Gobierno regional prevé destinar 9,1 millones de euros más durante la vigencia del plan, a razón de 2,28 al año.
Actuaciones trazadas
Mejora de los recursos de atención residencial para que las infraestructuras, su diseño y organización se parezcan más a una vivienda familiar
Fomento del acogimiento familiar 1,7 millones más para reforzar el servicio y reformular las condiciones en que se presta
Preparación a la vida independiente para extutelados Incremento de 9 millones
Las partidas recogidas en el texto, que suman un incremento en el presupuesto social de fondos propios de 127 millones hasta 2028, no suponen, según subrayan fuentes de la Consejería, un compromiso en firme, sino una previsión de gasto. Un extremo del que ya alertó el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre el Plan Regional de Servicios Sociales, que criticó la indicación incluida que señala tras cada tabla económica que todos los incrementos de presupuesto reflejados quedan supeditados «a la disponibilidad del mismo en cada anualidad». Aunque el CES remarca que «cabe suponer que, dado que es el Consejo de Gobierno el órgano que aprueba el Plan y también los proyectos de las leyes presupuestarias anuales, si el Ejecutivo regional refrenda en estos términos el Plan Regional de Servicios Sociales, asume implícitamente los compromisos financieros que se derivan del mismo».
El segundo mayor incremento presupuestario previsto en el Plan Regional de Servicios Sociales se dedica al refuerzo en la atención a la dependencia, con un aumento de 51,5 millones de euros de aquí a 2028. Entre los objetivos que se marca la Comunidad en esta materia están la incorporación cada año a partir de 2026 de 1.200 usuarios al servicio de teleasistencia -para lo que contempla cerca de 900.000 euros durante la vigencia del plan-; el incremento en 900 usuarios del servicio de ayuda a domicilio, con un total de 16 millones, y la creación de 250 plazas en residencias y centros de día para mayores cada año, hasta completar un millar, con 12 millones. Aunque el objetivo está lejos de cubrir el déficit de plazas según la ratio establecida por la OMS, que es de más de 6.000.
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